Intervención de:
International Land Coalition – ILC
En este nuevo contexto y con todas las tensiones que persisten pese a los acuerdos. ¿Cuáles son las problemáticas en cuanto al acceso a la tierra y a los recursos que tendrán las mujeres rurales, las mujeres indígenas en el nuevo tiempo?
Respuesta de:
La principal dificultad, como lo afirmó el Presidente Santos,fue que en el contexto de los acuerdos de paz el modelo de desarrollo no era negociable. Esto se entiende como una declaración política en términos de no asustar a los grandes propietarios, no asustar al sistema financiero, no asustar a las multinacionales. Sin embargo, el acuerdo de paz, cita algunos elementos concretos que podrían de alguna forma ayudar a cambiar o a desmontar este modelo, particularmente, los planes de apoyo a la economía y comercialización campesina y los planes de garantía de derechos sociales en las áreas rurales.
Entonces, la primera dificultad es que el modelo continúa. Hay paz pero con el mismo modelo. Como colombianos nos corresponde tramitar estos conflictos de otra forma y estamos en este paso. En todo caso, si el modelo no se negocia, la movilización social tampoco se va a negociar y va a seguir avanzando como ha ocurrido desde el 2013.
Un segundo riesgo latente, es la reconfiguración de los controles territoriales por parte de los actores armados en muchas de las zonas que las FARC están abandonando (como parte de los acuerdos de paz). El paramilitarismo sigue presente y es un actor muy fuerte y vinculado al despojo de tierras y a grandes proyectos extractivos y ganaderos que se mantienen en los territorios. Este reacomodo de actores, sin la debida atención por parte del gobierno, va significar una vulneración delos derechos las comunidades y particularmente los derechos de las mujeres rurales. Aun con el hecho histórico de los acuerdos de paz, la violencia no va a desaparecer, y por el contrario puede tener unos efectos muy fuertes contra las mujeres, en especial en aquellas que están al frente de procesos reinvindicativos de derechos.
Otro de los riesgos es que la política pública no incluya medidas que garanticen la permanencia de las familias en los territorios.
