
Intervención de:
Sulá Batsú Cooperativa R.L.
¿Podría explicarnos un poco más sobre el tema de la propiedad de la tierra de las mujeres y el proceso de paz?
Respuesta de:
El proceso de paz con las FARCS estuvo desarrollado a través de cinco grandes temas. El punto uno, con el que se reconoce, que el problema de distribución de la tierra es una de las bases del conflicto armado y social en Colombia, desarrolla una propuesta de una reforma rural integral, incluye algunas medidas de acceso a la tierra, como el establecimiento de un fondo gratuito de tierras que según el acuerdo es de 3 millones de hectáreas, que a nuestro concepto es insuficiente para resolver toda la problemática y el establecimiento de otra serie de medidas que ya se han venido implementando en el país en el marco del mercado de tierras, básicamente, un subsidio integral para compras de tierra.
Hay otras medidas de formalización. El acuerdo de paz se propone formalizar 7 millones de hectáreas. Nosotros creemos que estas medidas y el mismo acuerdo reconoce que mujeres y mujeres madres tienen que ser priorizadas en la política pública. Estas medidas pueden aportar a garantizar los derechos, pero son insuficientes,particularmente porque esos procesos de afectación de los derechos de las comunidades rurales que afectan los territorios, que afectan la vida y cultura campesina, la cultura indígena, la cultura afro, siguen avanzando, el proceso extractivista en Colombia sigue avanzando. Por otro lado no está claro, y vuelvo a eso que es muy importante, y es que, la opción de garantizar los derechos de la población rural pobre y en particular de las mujeres rurales que es el tema que nos convoca, implica el reconocimiento de los derechos, y el reconocimiento de una forma de hacer las cosas.
Entonces, la política pública colombiana sigue apuntando la agroindustria como los que llevan adelantes el desarrollo rural y no tienen una apuesta por la producción agroecológica por la producción que hacen las mujeres rurales. Consideramos que el acuerdo trae unas medidas muy importantes pero el contexto es difícil para garantizar estos derechos.
Sobre la capacidad organizativa de las mujeres rurales.
Es muy importante valorar la capacidad organizativa de las mujeres rurales. la capacidad organizativa de las mujeres rurales es (no sé si es la palabra adecuada), pero “es impresionante”su capacidad de hacer propuestas desde la experiencia. Lo que hemos podido observar es cómo esos procesos de mujeres rurales han tenido que entrar a disputar un lugar entre las organizaciones tradicionales mixtas del campesinado. También han dado unos pasos adelante en la esfera de lo público estatal con la generación de propuestas muy concretas de política pública que no siempre son bien atendidas, y ese es un potencial, en el que, los estados pudieran promover este potencial, sobre todo porque es muy importante que la política pública no vaya en contra de la autonomía ni de las mujeres ni de las organizaciones de las mujeres rurales, pudiendo establecer puentes de colaboración entre la política pública y las organizaciones de mujeres desde sus expectativas, desde sus necesidades, pero desde sus propuestas que son muy concretas y realizables. Por eso creo que es muy importante rescatar las capacidades organizativas de las mujeres rurales, sobre en este marco que estamos viviendo.
Nosotros consideramos, que buena parte de la respuesta a lo que se conoce actualmente como el cambio climático, que no es más que una consecuencia del modelo capitalista que ha llegado hasta nuestros días, una buena parte de la respuesta está en la mujeres rurales, en la producción que pueden hacer en términos de producir alimentos, alimentar nuestros países, alimentar nuestros sectores urbanos, pero sobre todo de cuidar el territorio, de cuidar esas relaciones sociales, de cuidar esas relaciones ecológicas, de cuidar esas relaciones políticas que se establecen en determinado territorio. Nosotros consideramos que ahí hay unpotencial impresionantemuy fuerte que tiene que ser visto desde la política pública, sin que esto implique que desde los gobiernos o estados se vulnere la autonomía de las organizaciones.
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